Hacer justicia a la violación de Derechos Humanos en Nepal

Contexto

Nepal es un estado multicultural, multilingüe y secular con una gran variedad de territorios. Hasta el año 1990, este pequeño estado de Asia era una monarquía absoluta, año en que el rey inició un proceso de reformas políticas estableciendo un sistema de monarquía parlamentaria, donde el cargo de jefe de estado era ejercido por el rey, mientras que el jefe de gobierno era el primer ministro.

La Guerra Civil nepalesa que comenzó en 1996 y duró 10 años fue un conflicto que enfrentó al gobierno monárquico de Nepal con los rebeldes maoístas, los cuales pretendían instaurar una República Popular de Nepal. La guerra provocó la muerte de más de 12.700 personas y 1.200 desaparecidos. Librada entre las fuerzas monárquicas, las conservadoras y las maoístas, el conflicto estuvo influenciado, y su vez afectado, por las fisuras sociales relacionadas con la casta, la distribución económica, la etnia y la región.

Durante gran parte, los maoístas controlaron las zonas rurales, que comprenden hasta el 80% del país, mientras que el Gobierno mantuvo el control en la sede de cada uno de los 75 distritos de Nepal, donde estaban basadas la administración y las fuerzas de seguridad. Mientras que las desapariciones comenzaron en las primeras etapas del conflicto, perpetradas por la Policía Nacional y la Fuerza Armada de Policía, la participación del Ejército Real de Nepal (ARN) aumentó significativamente tanto el total de víctimas del conflicto como el número de desapariciones forzadas. A partir de 2001, a raíz de la participación de la ARN y la declaración de un estado de emergencia, el Estado  aumentó drásticamente las violaciones de las leyes del conflicto armado, según organismos de derechos humanos.

El Acuerdo General de Paz (CPA, por sus siglas en inglés), firmado entre el nuevo gobierno democrático y el partido maoísta, estableció el fin del conflicto el 21 de noviembre de 2006, a través del cual los maoístas tomarían parte en el nuevo gobierno a cambio de entregar las armas a la ONU. El 24 de diciembre de 2007, los diversos partidos políticos de Nepal acordaron que la monarquía del país sería abolida por parte de una Asamblea constitucional que se elegiría el año siguiente. En las elecciones para la asamblea que tuvieron lugar en 2008, resultó vencedor el Partido Comunista de Nepal (Maoísta) (PCN-M) y ese mismo año, los miembros electos de la Asamblea Constituyente proclamaron la República.

Sin embargo, no se cumplió con la promesa de hacer públicos los detalles sobre los desaparecidos, ni se desmovilizó o reestructuró la fuerzas militares y de seguridad de Nepal, además, el ritmo de cambio se ha ralentizado considerablemente desde 2009 como consecuencia del aumento de la agitación de los partidos políticos.

Acuerdo General del Paz

Existe actualmente un gran debate en relación a los legados de las injusticias del pasado, la responsabilidad de las violaciones en masa y la manera de hacer justicia ante ellos. Tal y como fue requerido en el CPA, el gobierno desarrolló en 2008 y 2007 un borrador legislativo para una Comisión de la Verdad y una Comisión sobre las Desapariciones respectivamente, en el marco de lo que se conoce como Justicia Transicional, con el fin de alcanzar una serie de objetivos en relación con las violaciones de los derechos humanos y de las leyes humanitarias internacionales. Aunque ninguno de los mecanismos han sido adoptados,  ha movilizado el debate y el interés de la sociedad civil en cuanto a su efectividad y compatibilidad con otras herramientas judiciales.

Recientemente se ha anunciado a través de diferentes foros sociales, políticos y legales que la rendición de cuentas sobre los abusos y violaciones de los derechos humanos relacionados con el conflicto no puede realizarse a través de los sistemas de justicia y que, en su lugar, debe recaer en su totalidad sobre la competencia de los mecanismos de Justicia Transicional mencionados antes, lo cual ha hecho saltar la alarma a la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos a nivel internacional ya que estos mecanismos son temporales por definición y reciben mandatos específicos y limitados. Además, poseen funciones diferentes a las Cortes Legales en cuanto que, sobre todo, priorizan deliberadamente a las víctimas, mientras que las Cortes Legales se preocupan además por la posible culpabilidad de los acusados. Tal y como se informaba desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR, por sus siglas en inglés) “una Comisión de la Verdad debería ser vista como complementaria a una acción judicial” y no como una base para suplantar o suprimir los sistemas de justicia.

Los procesos de justicia transicional buscan en general, lograr cambios estructurales en aspectos relacionados con la justicia, la verdad, la reparación y la memoria, para dejar atrás los diseños institucionales, las normas y las prácticas –tanto políticas como judiciales – que contribuyeron a generar el conflicto armado o el gobierno autoritario –o ambos – y transitar hacia la democracia. Los sistemas de justicia por su parte cumplen el importante rol de 1) Proteger los derechos de las víctimas y 2) consolidar los estados y democracias donde no exista espacio para la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos. Ambos aspectos son claves para propiciar una transición sólida y evitar la repetición de hechos pasados. En las transiciones democráticas, los poderes judiciales tratan de evitar la impunidad y de garantizar los derechos de las víctimas, por tanto, pretender aplicar los mecanismos de la Justicia Transicional mencionados al principio, sin las herramientas complementarias pertinentes, puede ser percibido como un intento deliberado de perpetuar la impunidad de las violaciones cometidas durante el conflicto armado.

El reto está por tanto en crear sistemas de justicia sólidos que garanticen los derechos de las víctimas pero que además erradiquen la impunidad, es decir, que los culpables paguen por sus violaciones, esencial en un Estado de Derecho, a través de poderes judiciales que incorporen la perspectiva y derechos de las víctimas en el trámite de los procesos judiciales.

*UN Photo/Nayan Tara/Agnieszka Mikulska