Israel y los derechos humanos

El lunes pasado Israel anunció el cese de las relaciones con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por qué lo ha hecho, qué significa y cuáles son las repercusiones son los temas que intentaremos analizar aquí.

El pasado viernes finalizó el último periodo de sesiones del Consejo de Derechos, organismo de las Naciones Unidas creado en 2006, con representación de 47 países (13 de África, 13 de Asia, 8 de América Latina y el Caribe y 7 de Europa Occidental y otros grupos, y 6 de Europa oriental) y responsable de promover el respeto de todos los derechos humanos, de estudiar las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y hacer recomendaciones al respecto. Este período de sesiones duró cuatro semanas y dio como resultado la aprobación de cuarenta resoluciones, entre ellas aquella que daría luz verde a la creación de una misión de investigación internacional independiente sobre “los efectos de la colonias israelíes sobre los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los palestinos en territorio palestino ocupado, entre ellos, Jerusalén Este”.

Las fronteras entre Israel y Cisjordania están bien delimitadas, sin embargo, cuando uno va allí, o más fácil, observa sobre el mapa, se dará cuenta de que estas fronteras son más bien algo simbólico para los israelíes pues no contentos con el territorio que se les asignó tras la creación del Estado israelí en 1945 y que ampliaron años más tarde tras sucesivas guerras contra los países fronterizos, continuaron, año tras año, su expansión más allá, levantando lo que se conoce como “colonias”, es decir, pequeñas ciudades esparcidas por territorio palestino y perfectamente amuralladas. Estos asentamientos han sido condenados en numerosas ocasiones por el Consejo de Derechos Humanos.

El problema es que este Consejo no tiene ningún poder a la hora de hacer cumplir sus resoluciones y su puesta en marcha se basa más bien en la voluntad de los diferentes países, que se ven motivados más por una cuestión de imagen de cara al exterior y por el miedo a ver perjudicadas las relaciones diplomáticas que por una voluntad sincera de promover los derechos humanos dentro de su propio territorio. En muchos casos, los mecanismos a través de los cuales el Consejo investiga y denuncia la violación de los derechos humanos funcionan sobre todo cuando se trata de países débiles cuya sostenibilidad depende del apoyo del resto de los países. Sin embargo, Israel no necesita de dicho apoyo, por un lado, porque siempre tendrá el de Estados Unidos (el único que siempre vota en contra de cualquier resolución que denuncie la violación de los derechos humanos cometidos por parte de los israelíes) y por otro lado, porque siempre podrá recurrir al argumento antisemita que tanto le ha valido hasta el momento.

Lo que esto muestra es que, una vez más, el cumplimiento de los derechos humanos sigue dependiendo en gran medida de los intereses políticos y que los mecanismos creados para su respeto parecen estar destinados más bien para los países “débiles”, mientras que los más fuertes y “mejor relacionados” escapan de ellos. Esto demuestra igualmente que los derechos humanos y sus sistemas de protección, al estar creados en base a la voluntad de los países y al depender su respeto de los intereses políticos de las grandes potencias, resultan fácilmente susceptibles de ser violados por éstos, lo cual podría tener como peligrosa consecuencia la pérdida de credibilidad de estos mecanismos no solo ya por parte de las grandes potencias, sino de cualquier otro país.

English version:

On Monday, Israel announced the end of relations with the Human Rights Council of the United Nations. We will try to analyze here why he has done so, what does it means and what the implications are.

The last session of the Human Rights Council, a United Nations agency established in 2006, with representation from 47 countries (13 African, 13 from Asia, 8 from Latin America and the Caribbean and 7 Western European and other groups, and 6 from Eastern Europe), responsible for promoting the respect for all human rights, studying the gross and systematic violations of human rights and for making recommendations, ended last Friday. This session lasted four weeks and resulted in the approval of forty resolutions, including one that would give a green light to the creation of an independent international investigation mission on "the effects of Israeli settlements on civil, political, economic, social and cultural rights of Palestinians in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem. "

The borders between Israel and the West Bank are well defined, however, when you go there, or easier, look on the map, you will realize that these boundaries are rather a symbolic thing for the Israelis since not having enough with the territory they got upon the creation of the Israeli state in 1945 and expanded years later after successive wars with neighboring countries, they have continued, year after year, expanding beyond, raising what is known as "colonies", ie small towns scattered in the Palestinian territory and very well walled. These settlements have been repeatedly condemned by the Human Rights Council.

The problem is that this Council has no power when enforcing its resolutions and their implementation is based rather on the willingness of different countries, which are motivated more by a matter of image from the outside and for the fear of seeing their diplomatic relations affected rather than by a sincere desire to promote human rights within their own territory. In many cases, the mechanisms by which the Council investigates and denounces the violation of human rights work especially when it comes to “weak” countries whose sustainability depends on the support of other countries. However, Israel does not need such support, first, because they will always have the United States’ support and second, because they will always resort to the anti-semitic argument, which has worked so well until now.

What this shows is that, once again, the human rights enforcement still depends largely on political interests and that the mechanisms for its enforcement seem destined for “weak” countries, while the stronger and "better connected" countries escape from them. It also shows that human rights and their protection systems, being created from the willingness of the countries and depending their respect on the political interests of major powers, are easily susceptible of being violated by them. This could have dangerous consequences on the loss of credibility of these mechanisms, not only by the great powers, but of any other country.

El caso Lubanga y el Tribunal Penal Internacional

En el terreno del Derecho Internacional, y más concretamente del Derecho Penal Internacional y los Derechos Humanos, ayer fué un día histórico. Por primera vez desde su creación, el Tribunal Penal Internacional (TPI) ha dictado un veredicto contra un criminal de guerra, Thomas Lubanga, jefe de un movimiento rebelde de la República Democrática del Congo, acusado por reclutar niños soldados para su ejército.

El TPI, primer organismo de carácter internacional con capacidad de juzgar a criminales de guerra de cualquier parte del mundo, fue creado en 2002 y tiene un carácter permanente, al contrario que, por ejemplo, el Tribunal Internacional para la Ex – Yugoslavia o el Tribunal Internacional para Ruanda que fueron creados exclusivamente para los crímenes cometidos durante las guerras de ambos países en los años 90 y que por tanto tienen un carácter temporal y un objetivo más específico.

Debido a su reciente creación, el TPI cuenta aún con numerosas debilidades. Por un lado, hasta el momento solo la mitad de los países del mundo han ratificado el Tratado de Roma, instrumento constitutivo del TPI; Para que una persona pueda ser juzgada por este Tribunal, el país al que pertenece debe haber firmado dicho Tratado. En Europa, la totalidad de los países lo han hecho, pero aún quedan otros países como Estados Unidos, China, Israel, Rusia y la casi totalidad de los países de Medio Oriente.  Por otro lado, se critica a menudo a este Tribunal de estar demasiado politizado de manera que, aunque haya un caso abierto contra un criminal de guerra de un determinado país, debido a que el organismo no cuenta con un cuerpo de policía, la captura de dicho criminal depende en gran medida de la colaboración del país en el que se encuentra el acusado. Muchas veces estos países se niegan a colaborar por miedo a represalias del pais originario del criminal. Por último, se critica al Tribunal por su falta de eficacia en relación al gasto que supone (1.000 millones de dólares empleados desde su creación), sin embargo, si bien es cierto que, a pesar de tener numerosos casos abiertos contra diversos criminales, aún no todos han sido capturados, esto es debido no solamente a la eficacia del TPI sino también, como acabamos de mencionar, a la falta de colaboración de los diferentes países. Cabe recordar además, que el TPI no está creado para sustituir al Estado en materia de Justicia, sino para actuar cuando éste no tenga la capacidad o la voluntad de aplicarla, pero no debemos olvidar que la responsabilidad primera recae sobre cada uno de los Estados.

Existen otras debilidades que podríamos destacar aunque debemos también tener en cuenta diferentes puntos que nos permitirán reflexionar sobre la pertinencia del Tribunal. El más importante es, como mencionábamos, el hecho de que cuenta con tan solo con 10 años de experiencia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, máxima autoridad judicial para la garantía de los derechos humanos en Europa, lleva 43 años funcionando y ha visto igualmente una evolución desde el punto de vista de su eficacia, siendo hoy en día referencia en los Tribunales regionales tanto de América como de Asia. Por otro lado, la concepción misma del Tribunal era algo que “se pedía a gritos” teniendo en cuenta los numerosos crímenes cometidos en diferentes puntos del planeta sin que hubiera ningún tipo de compensación moral o material para las víctimas.

Debemos concebir el Tribunal Penal Internacional como una estructura necesaria para luchar contra los crímenes de guerra, al que otros países se irán adhiriendo progresivamente y que actuará, como ya lo hace con los países que han ratificado el Estatuto de Roma, como elemento disuasorio importante para aquellos que buscan abusar del poder haciendo uso de métodos inhumanos. 

English version:

Yesterday was a historical day for those involved in the field of international law, specifically the International Criminal Law and Human Rights. For the first time since its creation, the International Criminal Court (ICC) has issued a verdict against the war criminal Thomas Lubanga, leader of a rebel movement in the Democratic Republic of Congo, accused of recruiting child soldiers for his army.


The ICC, the first international body with capacity to juge war criminals coming from any country, was established in 2002 and has a permanent character, unlike, for example, the ICC for the former - Yugoslavia or the ICC for Rwanda, which were created exclusively for crimes committed during the wars in each countries in the 90s and therefore have a temporary and a more specific goal.

Due to its recent creation, the ICC still has many weaknesses. On the one hand, so far only half of the world's countries have ratified the Rome Treaty, the instrument that establishes the ICC; For a person to be judge by the Court, the country they belong to must have signed the Treaty. In Europe, all countries have done so, but there are other countries that have not, like USA, China, Israel, Russia and almost all the countries in the Middle East. On the other hand, this Court is often criticized for being too politicized so that, even if a criminal case is opened against a war criminal in a given country, because this judicial body does not have a police force, capturing the criminal depends largely on the cooperation of the country in which the defendant is based. Often, these countries refuse to cooperate for fear of reprisals from the country of origin of the criminal. Finally, the Court is criticized for its lack of effectiveness in relation to expenditure (1,000 million dollars spent since its creation), however, while it is true that, despite having numerous open cases against various criminals, not all have been captured yet, this is due not only to the effectiveness of the ICC but also, as it was just mentioned, the lack of cooperation from different countries. It should be recalled also that the CPI is not intended to replace the State in this sense, but to act when the country does not have the capacity or the will to apply. We must not forget that the primary responsibility rests with each of the states.

There are other weaknesses that we could highlight but we must also take into account different points that allow us to reflect the relevance of the Court. The most important is, as mentioned, that it is only 10 years old. The European Court of Human Rights, the highest judicial authority in guaranteeing human rights in Europe, has 43 years running and has also seen an evolution from the standpoint of its effectiveness, being today a reference in both regional courts, America and Asia. On the other hand, the creation of the Court was a very demanded body taking into account the many crimes committed in different parts of the world with no moral or material compensation to the victims.

We must conceive of the International Criminal Court as a necessary structure to fight the war crimes, which other countries will be progressively adhering to and that will act, as it already does with countries that have ratified the Rome Statute, as a significant deterrent to those who seek to abuse power using inhumane methods.